A 20 años del asesinato de Paulina Lebbos, el cierre del juicio dejó una conclusión tan contundente como dolorosa: no habrá condenados. La sentencia absolutoria no sólo exculpó a los acusados, sino que además expuso con crudeza las fallas estructurales de una investigación que, según el propio tribunal, nunca logró reunir pruebas suficientes para sostener una acusación sólida.

El fallo, que generó indignación social, se apartó de lo habitual. No se limitó a comunicar absoluciones, sino que incluyó una fuerte crítica a la labor fiscal y al desarrollo de la causa a lo largo de dos décadas. En ese sentido, uno de los jueces tomó la palabra para cuestionar abiertamente la falta de producción probatoria y la debilidad de la acusación.

Una investigación sin pruebas

El eje central de la absolución fue la ausencia de pruebas concretas. El tribunal sostuvo que no se logró acreditar, más allá de dudas razonables, la participación de los imputados en el crimen. La acusación, basada en indicios, no alcanzó el estándar necesario para una condena.

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Los magistrados fueron enfáticos: los indicios pueden ser utilizados en un proceso penal, pero deben ser “unívocos y certeros”. En este caso, consideraron que no cumplían con esos requisitos. La investigación, lejos de consolidarse con el paso del tiempo, quedó debilitada por inconsistencias, omisiones y falta de rigor.

Críticas inéditas al Ministerio Público Fiscal

Uno de los aspectos más llamativos del fallo fue la dureza con la que se evaluó el trabajo del Ministerio Público Fiscal. El tribunal sostuvo que no se hizo “absolutamente nada” para llegar a la verdad material del caso con pruebas firmes.

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Este señalamiento no es habitual en este tipo de resoluciones. Si bien los jueces pueden explicar sus decisiones, raramente avanzan en cuestionamientos tan directos sobre la labor de la fiscalía. En este caso, la crítica incluyó la falta de objetividad y la ausencia de una estrategia investigativa eficaz.

A LA ESPERA. César Soto, antes de escuchar el veredicto del tribunal LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO

El peso del tiempo: una causa prescripta

Más allá de las falencias investigativas, hay un factor determinante que selló el destino del caso: el paso del tiempo. Tras dos décadas, los delitos vinculados al crimen prescribieron.

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Esto implica que, incluso si surgieran nuevas pruebas o se identificara a los responsables, ya no podrían ser juzgados ni condenados. La posibilidad de alcanzar justicia penal quedó definitivamente cerrada.

El tribunal fue claro al respecto: se puede avanzar en la búsqueda de la verdad material, es decir, reconstruir lo sucedido, pero sin consecuencias penales para los eventuales culpables.

Líneas de investigación inconclusas

Durante la lectura del fallo también se mencionaron indicios que, según los jueces, debieron haber sido profundizados en su momento. La investigación, sin embargo, no avanzó sobre esas líneas, dejando cabos sueltos que hoy resultan imposibles de retomar con efectos judiciales.

No obstante, se ordenó investigar posibles delitos de falso testimonio y falsedad ideológica contra algunos testigos, debido a contradicciones detectadas en sus declaraciones.

Un caso que simboliza la impunidad

El crimen de Paulina Lebbos se convirtió, con el paso de los años, en un emblema de la impunidad. La sentencia no sólo cierra un proceso judicial, sino que también deja al descubierto una cadena de errores, negligencias y decisiones cuestionadas que impidieron llegar a la verdad en tiempo y forma.

El resultado final es contundente: no hay condenados, no habrá juicio futuro y la justicia penal ya no puede actuar. Lo que queda es una reconstrucción incompleta de los hechos y una sociedad que, dos décadas después, sigue preguntándose quién mató a Paulina y por qué nunca pudo ser juzgado.